Nombró personas que seguramente le dan confianza a él, pero que no representan a los colombianos. Escogió como si se tratara de un asunto suyo, personal, eligió sus asesores, incluso se atrevió a colocar a su hermano que jamás ha hecho parte de la vida política del país.
Una cosa es una negociación con los violentos centrada en las condiciones de su reinserción; donde se discuta la obligación de justicia, verdad y reparación que le corresponde a los alzados en armas. Ese tipo de negociación podría ser llevada por casi cualquier colombiano sensato que entienda el dolor de las víctimas y logre equilibrarlo con las cesiones de una sociedad que busca la paz. Concesiones que se limitarían al número de años en prisión, las características del desarme, los bienes que pueden conservar los violentos… en fin, decisiones referidas a cuánta justicia cederá la sociedad para persuadir a los violentos de dejar las armas.
Otro escenario –muy distinto- es el de la negociación propuesta por este gobierno. Según el documento firmado, la agenda en nada se parece a la descrita; por el contrario abre la discusión sobre los temas más importantes del país. Son transacciones que pueden comprometer el futuro, puede imponernos un régimen socialista. Puede ser el triunfo de las armas sobre la voluntad popular, la oportunidad para que los violentos impongan sus ideas irrespetando las mayorías democráticas. Es un riesgo inminente que no podemos desconocer.
Los negociadores deberían ser personas con una ascendencia democrática, personas que nos dieran garantías de que están comprometidas con la voluntad del pueblo colombiano, por encima de sus propias vanidades e ideologías. Las fuerzas vivas de la nación deberían estar representadas. La provincia colombiana tan afectada en este proceso debería tener una mayoritaria vocería. Bogotá ha sufrido, pero no tanto; e incluso se ha beneficiado del desplazamiento de los mejores talentos de la provincia hacia la capital.
Sin embargo, estamos avocados a un proceso que hacen las personas de confianza del Presidente, como si fuera un tema de gobierno o un asunto de su vida privada. Lo mínimo para que los colombianos estemos seguros es que estos negociadores asuman unos obligaciones expresas con la Nación.
Los negociadores deben firmar un compromiso mediante el cual garanticen que ni ellos ni sus familias abandonarán el país durante los siguientes 7 años (y digo siete recurriendo al simbolismo de infinito). Esto nos daría la certidumbre de que al menos, si negocian mal, tendrán que vivir las consecuencias. Esta obligación debe aplicarse también al Presidente Santos, para garantizar que no esté embarcándose en este proceso con miras a obtener posiciones internacionales, y despejar así esa duda que nos corroe. Serviría también para disminuir las suspicacias que genera el hecho de que Noruega esté entre los gobiernos invitados a esta negociación; Noruega, el país del Premio Nobel.
El segundo y obligado compromiso de los negociadores es que serán ellos los primeros en aplicar sobre sus bienes y sus vidas las concesiones que pacten. El Dr. Eder, por ejemplo, quien representa a los terratenientes, debe comprometerse a que si en estas negociaciones se pacta una reforma agraria serán sus tierras y las de su familia las primeras en ser afectadas. Así mismo, todos deben renunciar a ser parte de los gobiernos sucesivos, de manera que no tengan la tentación de cederlo todo para obtener preeminencias.
Estas son algunas de las obligaciones que se me ocurren, pero debe haber muchas más. Es el momento de plantearlas, de establecer unos límites a las apetencias de los negociadores, y reducir esa odiosa práctica de negociar para que las consecuencias sean para otros.
@PalomaValenciaL
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