Por Eduardo Mackenzie
Las críticas que está recibiendo la
sentencia que condenó, en primera instancia, al coronel Alfonso Plazas
Vega a 30 años de cárcel están aumentando y ganando en amplitud y
calidad. En días pasados, un debate académico organizado por la
universidad Sergio Arboleda de Bogotá, reunió un grupo de distinguidos
juristas. Todos emitieron conceptos serísimos sobre ese tema y el
resultado es inequívoco: la sentencia de la juez María Stella Jara es
una aberración, un mal ejemplo de lo que no debe hacer un juez que se
respete y de lo que no puede tolerar el poder judicial en una
democracia.
El director del departamento de Derecho
Penal de la Universidad Sergio Arboleda, profesor Fernando Velásquez,
estimó que al coronel Plazas no se le puede dar el tratamiento de
“autor mediato” porque no se dan los presupuestos jurídicos para ello.
El admitió que es importante para Colombia establecer la verdad acerca
de los hechos del Palacio de Justicia pero que ello no se puede hacer a
cualquier precio.
Universidad Sergio Arboleda, en Bogotá. Dando ejemplo en estos temas
El profesor Christian Wolfhügel, de la
misma universidad, dijo que imputarle al coronel un delito que no
existía en la época de los hechos (la desaparición forzada de
personas), equivale a violentar el principio de legalidad que prohíbe
la aplicación retroactiva de la ley penal en disfavor del acusado. La
juez hizo eso con el agravante de que ella conocía la situación, pues
en la sentencia admitió que en 1985 ese delito no hacía parte del
código penal colombiano.
El profesor Ricardo Posada Maya,
director del Área Penal de la Universidad de los Andes, declaró, entre
otras cosas, que no ve claro que en los hechos del Palacio de Justicia
se hubiesen cometido crímenes de lesa humanidad. Sostuvo que para
predicar que un delito es de lesa humanidad se deben adoptar los
criterios del Derecho internacional. Lo que no parece haber respetado
la juez Jara quien llegó a creer que los tratados internacionales
habían reemplazado el Código Penal colombiano.
No por casualidad el rector de la
Universidad invitante, Rodrigo Noguera Calderón, había subrayado
minutos antes en ese panel que el Derecho Penal en Colombia vive un
momento de “alto grado de postración” y que ello exige que la
Universidad examine esa problemática “en debates académicos”.
El presidente de la Asociación Nacional
de Profesores de Derecho Penal y Ciencias Penales, Jaime Enrique
Granados, intervino en calidad de abogado del coronel Plazas. El
reiteró que no hay prueba alguna que incrimine a su defendido. Señaló
que las pruebas aportadas por la juez Jara reposan sobre declaraciones
anómalas y contradictorias de dos testigos y sobre la evocación de una
transcripción de una grabación cuyo soporte material nunca apareció en
el juicio.
Granados denunció que entre los 36
cadáveres calcinados encontrados en el Palacio de Justicia hay nueve
sin identificar y que éstos pueden ser de los llamados desaparecidos.
Denunció, además, que hay gente interesada en bloquear los análisis
científicos que permitirán identificar esos cadáveres y derrumbar la
hipótesis de que hubo “desaparecidos” en el trágico episodio.
En disonancia con los oradores, el
profesor Kai Ambos, de la Universidad Georg-August de Göttingen,
Alemania, declaró que “en el Palacio de Justicia el Ejército cometió
atrocidades” y que la justicia colombiana “está llena de errores”. El
estima que la juez Jara salió de Colombia por haber sido “amenazada”.
Aún así, el jurista alemán tuvo que admitir que él no puede decir si
la sentencia de esa juez “era correcta o no”.
La juez prevaricadora, María Estella Jara
Ofuscada por esos comentarios, la juez
Jara respondió violentamente desde Alemania, una semana después.
Empero, la carta incendiaria que envió a El Espectador, donde
ella ataca acerbamente al ex presidente Álvaro Uribe, a las Fuerzas
Armadas, al Consejo Superior de la Judicatura, a la prensa y, en
particular, a dos brillantes periodistas que fustigaron, con razón, la
esperpéntica sentencia contra el coronel Plazas, confirma que María
Stella Jara está lejos de ser una juez serena y alejada de los tumultos
de la agitación política.
Todo lo contrario. El lenguaje de odio
que ella utiliza, el rencor que vierte en su carta, corresponde a
alguien de perfil fanático, propio de un militante comunista que no
tiene escrúpulos y se permite difamar a las autoridades elegidas de un
país democrático y a la prensa libre y, sobre todo, que pone su cargo y
su misión al servicio de una obscura causa política.
La juez Jara no es como los demás
jueces. Ella condenó a 30 años de cárcel a una persona inocente y sin
haber hallado contra ella una sola prueba. Los jueces no hacen eso.
Ella lo hizo. Ella no podrá escapar a esa responsabilidad. La sentencia
que firmó el 9 de junio de 2010 está ahí para probar su felonía. Ella
tendrá que explicar eso algún día a sus colegas alemanes y a los
colombianos todos. Estar en Alemania no la eximirá de esa obligación
legal y moral.
María Stella Jara es una juez rarísima:
es quizás la única juez del mundo que después de condenar a alguien, y
de dejarlo enfermo y en una prisión militar, se vuelve contra él, y en
carta pública desde el extranjero, intenta agobiarlo aún más con las
más aleves calumnias, como si la condena de 30 años no hubiera
satisfecho sus bajos instintos. Según la juez, el coronel Plazas está
detrás de las amenazas de muerte que ella dice haber recibido. Todo eso
es infame y destinado a golpear a la familia y a los amigos del Coronel.
La carta de la juez Jara, que ella dice
haber enviado a una asociación alemana de jueces, afirma que las
“amenazas [contra ella] provienen de los “más altos funcionarios del
Estado”, que el poder ejecutivo lanza “agresiones” contra la Corte
Suprema de Justicia, que el DAS, un organismo de seguridad, realizó
contra ella “interceptaciones telefónicas ilegales”, que examinó sus
“cuentas bancarias y sus propiedades”, que “orquestó una campaña de
desprestigio” contra ella.
El problema de esas acusaciones es que
no están acompañadas de prueba. Sólo reflejan la íntima convicción de
la interesada. Y, cosa curiosa, son copia literal de la retórica de
ciertos magistrados y de los grupos extremistas en guerra contra el
gobierno y contra las mayorías que rechazan su pobre visión de la vida.
Esas acusaciones no han sido probadas siquiera por la Fiscalía ni por
la Corte Suprema de Justicia.
La juez Jara debería explicar a sus
colegas alemanes por qué rechazó la investigación, tan independiente y
completa, del Tribunal Especial de Instrucción de 1986, realizada por
dos magistrados y diez jueces de instrucción criminal, y por qué
substituyó ese valioso documento por una serie de afirmaciones
endebles de familiares de los supuestos “desaparecidos” quienes
admitieron que sus informaciones venían de unas “llamadas anónimas”.
La juez Jara deberá explicar por qué le
dio credibilidad al testimonio de Ricardo Gámez Mazuera, cuando ese
testimonio fue totalmente desvirtuado y descartado por la Procuraduría
General de la Nación en 1990.
La juez Jara deberá explicar por que
aceptó como válida la declaración de Edgar Villamizar Espinel, quien
habría rendido “testimonio” en un potrero (un polígono de armas largas
en la Escuela de Caballería de Bogotá) sin la presencia del defensor
del Coronel Plazas, y sin que tal prueba hubiera sido decretada por la
Fiscalía. Deberá explicar por qué no aparece la fecha de la recepción
de tal “testimonio” y por qué tal “declaración” fue firmada por un
Edgar Villamil (y no Villamizar). Deberá explicar por qué ella aceptó
ese testimonio a sabiendas de que éste contenía mentiras sobre la
identidad y la condición del declarante, y a sabiendas de que no había
la menor prueba de que Villamizar hubiera ingresado al citado polígono.
Ella deberá explicar por qué aceptó la
versión de Villamizar sin que éste se haya presentado jamás al proceso,
y cuando está comprobado que Villamizar no es testigo de nada pues no
estuvo en las operaciones del palacio de justicia. Deberá explicar por
qué ella rechazó las pruebas que demuestran que Villamizar, durante los
hechos del Palacio de Justicia, estaba lejos de Bogotá, en el batallón
Vargas de Granada (Meta), pues esa unidad probó que no había enviado a
Villamizar, ni a ningún otro sub oficial, a la contienda del Palacio de
Justicia. Ella aceptó ese testimonio que contiene otras falsedades:
como la de que el jefe de Villamizar era un “Mayor Jairo Alzate
Avendaño”, nombre que no existe en el los registros del Ejército de
Colombia.
La juez Jara tendrá que explicar por
que desestimó las declaraciones del civil José Vicente Rubiano Galvis,
quien como capturado durante los hechos del palacio de justicia, pasó
la noche del 7 de noviembre de 1985 en instalaciones de la Escuela de
Caballería, junto con tres personas más, sin haber visto ni oído las
pretendidas torturas y vejámenes de “rehenes” que Villamizar trató de
introducir al proceso. Tendrá que explicar por qué en la escuela de
Caballería del Cantón Norte no fueron hallados cadáveres ni restos
humanos como mencionaba Villarreal.
Las altas esferas de la justicia y de
la Procuraduria conocen perfectamente estas cosas y saben que en ese
proceso se violaron las leyes del país y que algún día esas violaciones
saldrán a la faz del mundo. Quizás por eso, luego de la sentencia en
primera instancia, ellos ordenaron una serie de movimientos curiosos en
el personal judicial involucrado: la juez Jara fue enviada a Alemania y
la fiscal que instruyó el caso fue destituida por faltas profesionales
cometidas en el ejercicio de su cargo.
Con su carta de insultos contra
Colombia la juez Jara trata de sepultar éstas y otras preguntas que
saltan a la vista tras la lectura de su desdichada sentencia. Con su
gritería desde Alemania ella no sofocará el gran malestar que ha dejado
en Colombia su actuación.
25 de noviembre de 2010
