Por Eduardo Mackenzie
28 de enero de 2012
¿Quién manipula a quien? ¿Fue el Tribunal Superior de Bogotá quien invitó a El Tiempo
a que publicara una noticia falsa? ¿Fue el citado matutino quien
presionó al TSB para que ratificara la condena contra el Coronel
Alfonso Plazas? El misterio es total al día siguiente de que el diario
bogotano afirmara que el TSB había “ratificado la condena” contra el
Coronel Alfonso Plazas del 9 de junio de 2010. Los abogados de éste
acudieron al TSB y encontraron que la decisión de segunda instancia no
existía todavía, o que, al menos, no había llegado a la secretaria de
la sala penal del TSB.
Roberto Pombo, director de El Tiempo, en uno de los carnavales que frecuenta. ¿Será allí donde le filtran los rumores?
El Tiempo, en lugar de pedir
disculpas, argumentó que la decisión existe, pues dos magistrados le
habían “confirmado” eso, y que la demora era un “asunto de trámite
previo a su anuncio oficial”.
Esa extraña movida, que los abogados
del Coronel Plazas denunciaron con razón como “una presión para la
justicia”, confirma, una vez más, que todo lo que tiene que ver con ese
proceso está salpicado, desde el comienzo, de anomalías. Ese incidente,
menor para algunos, refleja sobre todo las tensiones que deben existir
entre los tres magistrados encargados de redactar el veredicto de
segunda instancia. Se sabe, pues la prensa lo ha dicho, sin ser
desmentida, que el magistrado ponente, Hermes Darío Lara, estima que la
condena no debe ser confirmada por la indigencia de las pruebas
allegadas al proceso. Todo indica que desde noviembre de 2011, el
magistrado Lara había llegado a esa conclusión. Sin embargo, los dos
otros magistrados, Fernando Pareja y Alberto Poveda, prefieren decir lo
contrario. ¿Examinaron ellos, realmente, los 42.465 folios que, según El Tiempo, tiene el expediente?
Lo que no dice El Tiempo es
que la sentencia de primera instancia tiene sólo 302 páginas y que ese
documento es, paradójicamente, la mayor prueba de que el Coronel Plazas
es inocente. Esa sentencia debe ser leída por toda persona que trate
ese tema. Verá que las acusaciones contra él son fabricaciones,
rumores, mentiras y conjeturas que no resisten el menor examen. Verán
que ese fallo fue dictado precipitadamente, antes de que la
investigación concluyera. Todo eso reaparecerá, probablemente, en el
salvamento de voto del magistrado Hermes Darío Lara.
Entendemos el por qué de las
vacilaciones de los magistrados del TSB al momento de dictar sentencia.
No es fácil pasar a la historia al lado de la ex fiscal Ángela María
Buitrago Ruiz (destituida poco después por faltas profesionales por el
Fiscal General) y de la juez María Stella Jara, protagonistas del mayor
montaje judicial de la historia de Colombia.
Nada extraña, pues, que el Procurador
General de la Nación, Alejandro Ordoñez, haya declarado este 28 de
enero de 2012, que si la condena contra el Coronel Plazas era
ratificada por el TSB, él entablará el recurso de casación contra la
misma, ante la Corte Suprema de Justicia, pues no es admisible que en
Colombia haya “condenas contra el Derecho y sin los debidos fundamentos
probatorios”. Son palabras mayores.
El Coronel Plazas ha sido acusado por
la ex fiscal Buitrago y la juez Jara de haber dado la orden de
“desaparecer” a once civiles que se encontraban en el palacio al
momento del asalto terrorista. Ello es falso. Ellas fueron incapaces de
probar quien, cómo, cuándo y por qué ese delito había sido cometido.
Tampoco lograron probar que haya “desaparecidos”. Desde 1986, la
justicia sabe que los supuestos “desaparecidos” son personas que
murieron en el Palacio. Sabe que diez de ellos estaban en la cafetería
y fueron “conducidos como rehenes en los primeros momentos de los
sucesos” al cuarto piso del palacio. Se sabe que allí murieron. La
calcinación sufrida por los cuerpos de esas víctimas, durante el
pavoroso incendio desatado por los terroristas, hizo imposible, durante
muchos años, la identificación de esos cuerpos. Tal fue la conclusión a
la que llegó la excelente investigación judicial adelantada por el
Tribunal Especial de Instrucción (TEI), publicado en mayo de 1986. El
TEI siempre consideró esa víctimas como desaparecidos “porque sus
cadáveres no fueron identificados”, no porque hubieran salidos vivos
del palacio y desaparecieran después en la naturaleza. Esa es la
verdad. “En las películas que, con notable minuciosidad se tomaron
sobre la salida de los liberados, no aparece ninguno de los empleados o
visitantes vinculados a la cafetería”, afirma el TEI.
Magistrado
Hermes Darío Lara. Después de ser un enconado detractor del coronel
Plazas Vega, encontró -después de haber sopesado todas las pruebas- que
Plazas es inocente
Para vengarse de quienes los derrotaron
en el Palacio, el M-19 inventó, años después, la leyenda de los
“desaparecidos” como personas que habían salido vivas del edificio.
Pero nunca pudo probar eso, pues es imposible probar tal cosa. El único
que promueve esa idea de que en los videos aparece alguien que salió
vivo y desapareció después, es precisamente un secuestrador
René
Guarín, guerrillero y secuestrador, fue durante varios años fuente de
inspiración de la Fiscal Angela María Buitrago y de la juez Maria
Stella Jara
indultado del M-19, René Guarín, quien
ocultó a la instrucción haber sido un ex terrorista, hasta que un
periodista, Ricardo Puentes, sacó a la luz pública su terrible pasado
judicial.
El TEI declaró que existió “un grupo de
cadáveres que necesariamente corresponde a desaparecidos y es
sensiblemente igual al de la lista (los diez que estaban en la
cafetería. Nda.) que se presenta al principio de este capítulo”, antes
de concluir: “El Tribunal considera que existe prueba suficiente en el
sumario para concluir que tales personas fallecieron en el 4° piso, a
donde fueron conducidos como rehenes en los primeros momentos de los
sucesos”.
De ese importante informe del TEI, que
las magistradas Jara y Buitrago quieren sepultar en el olvido, se
deduce que los dos únicos desaparecidos verdaderos del Palacio de
Justicia son dos guerrilleras “que lograron salir con vida del Palacio
de Justicia cuando se produjo la recuperación por las Fuerzas
Militares, de quienes se ha perdido toda huella: se tiene por ahora la
plena identificación de Irma Franco Pineda y de Clara Enciso”. Años
después, la prensa descubrió que Clara Helena Enciso se escondía en un
país latinoamericano, donde fue entrevistada por periodistas
colombianos. Los escritos de ellos son ampliamente conocidos. Sin
embargo, esos periodistas nunca fueron llamados a declarar ante la
Fiscalía. De Irma Franco no se sabe nada todavía.
José
Vicente Rodríguez, director científico de la exhumación de los
cadáveres del palacio de Justicia, sostiene que los restos de los
"desaparecidos" están en poder de la Fiscalía
Lo que decían en 1986 sobre falsos
“desaparecidos” los magistrados que dirigieron los trabajos del TEI,
Jaime Serrano Rueda y Carlos Upegui Zapata, auxiliados por diez otros
jueces, es lo mismo que dice hoy el doctor José Vicente Rodríguez
Cuenca, jefe de antropología forense de la Universidad Nacional de
Bogotá.
El 27 de febrero de 2011, él reveló
tres cosas: 1. Que en el año 2000 la Fiscalía General había exhumado 91
cadáveres ligados al expediente del Palacio de Justicia. 2. Que la
Fiscalía le había entregado a él (JV Rodríguez Cuenca) 64 de esos
restos para que tratara de identificarlos. 3. Que la Fiscalía se había
quedado con 27 restos humanos que correspondían “a los ‘desaparecidos’
del Palacio de Justicia”. Explicó que esos 27 restos pertenecen a
quienes murieron en el cuarto piso del Palacio y que la Fiscalía los ha
ocultado desde entonces, en oficinas del CTI, sin que tenga interés
alguno en identificarlos. Rodríguez Cuenca agregó: “Entre esos 27
restos están los siete empleados de la cafetería y los tres visitantes
que se encuentran ‘desaparecidos’”. El profesor Rodríguez concluyó: “La
Fiscalía siempre supo que tenían los restos de los posibles
desaparecidos”.
Todo eso muestra que el proceso del Coronel Plazas Vega no es un proceso como los demás. Es un proceso sui generis.
Para ser más precisos, no es un proceso: es un montaje judicial, el más
obscuro y el más escandaloso de la historia de la República de Colombia.
Es un proceso que comienza con la detención hace más de cuatro años del
Coronel Plazas Vega, héroe que salvó más de 200 personas de morir en manos del M19, hoy está condenado a 30 años de prisión
héroe militar que rescató los rehenes
(244 según el TEI) que una banda terrorista había capturado, luego de
tomarse a sangre y fuego el palacio de justicia de Bogotá, el 6 de
noviembre de 1985, y que culmina en la terrible condena contra él. Ese
Coronel, hoy retirado del Ejército, fue condenado a 30 años de cárcel,
sin que en su proceso haya habido ni confesión de parte, ni prueba
alguna de la existencia de un móvil, ni prueba alguna de que tal crimen
haya sido cometido.
Es un montaje grotesco pues la
instrucción utilizó dos testigos falsos (que fueron descubiertos como
tales) y realizó una operación de substitución de persona, según
declaró ante la Procuraduría General, en junio de 2011, el señor Edgar
Villamizar. Una persona, haciéndose pasar por él, declaró en un potrero
(no en la Fiscalía) y en ausencia del abogado de la defensa, que él
había oído al Coronel Plazas dar la orden de desaparecer unas personas.
Sin embargo, Edgar Villamizar nunca hizo esa declaración, ni estuvo
jamás en el rescate del Palacio de Justicia, pues se encontraba a
cientos de kilómetros de Bogotá en noviembre de 1985.
Tras semejante revelación, la juez
María Cristina Trejos, absolvió al General (r) Iván Ramírez Quintero,
al Coronel (r) Fernando Blanco Gómez y al Sargento (r) Gustavo Arévalo
quienes también habían sido acusados de haber “desaparecido” las once
personas que le tratan de imputar al Coronel Plazas. Contra ellos, la
Fiscalía pretendía hacer valer el falso testimonio del falso Edgar
Villamizar.
Los tres oficiales habían sido acusados
de haber participado en tales “desapariciones” pero la propia fiscalía,
al final de la instrucción, constató que ellos no tenían nada que ver
con esa alegación, razón por la cual la fiscal pidió condenarlos sólo
por la presunta desaparición de Irma Franco. Sin embargo, la juez María
Cristina Trejos también desestimó ese cargo y absolvió a los tres pues
admitió que no había ninguna prueba irrecusable que los comprometiera
con el asunto Irma Franco.
¿Si la juez María Cristina Trejos
abandonó la teoría de que Edgar Villamizar es un testigo creíble en el
proceso del General Ramírez, por qué la juez Jara condenó al Coronel
Plazas basada únicamente sobre esa misma “prueba”? ¿Por qué el Tribunal
Superior de Bogotá no abandona definitivamente esa misma teoría errada?
El falso testimonio de Edgar Villamizar (quien firmó como Edgar
Villareal) no puede tener existencia jurídica en ningún expediente y su
utilización como base de la sentencia contra el Coronel Alfonso Plazas
Vega constituye la mayor monstruosidad de la justicia colombiana de los
últimos 50 años.
Edgar Villamizar Espinel es un testigo suplantado por la Fiscalía General de la nación.
Esas graves ilegalidades fueron
expuestas durante el proceso del Coronel Plazas. Por eso la
Procuraduría General de la Nación pidió, desde antes de la sentencia de
primera instancia, que se abandonara la acción contra el acusado. No
obstante, ignorando de manera absurda esos hechos, la juez Jara avaló
la trucada investigación de la fiscal Buitrago y condenó al militar.
El Coronel Plazas tampoco tuvo que ver
con el caso de Irma Franco pues su actuación en el palacio de Justicia
fue exclusivamente de combate. El no podía ni debía realizar al mismo
tiempo labores de inteligencia. El mismo General Ramírez Quintero
declaró durante su proceso que el Coronel Plazas no había tenido
conocimiento de la actividad de inteligencia que él, Ramírez Quintero,
hubiera podido hacer en el Palacio de Justicia. (Sentencia de la juez
María Stella Jara, página 243).
¿Ante semejante acumulación de hechos
que establecen la inocencia del Coronel Plazas, cómo los magistrados
Fernando Pareja y Alberto Poveda, podrían ratificar la increíble
condena de primera instancia? ¿Quieren ellos asociarse a un proceso que
fue motivado, instruido y fallado, no en Derecho, sino por los más
terribles odios políticos?
Los dos magistrados deberían
reflexionar antes de firmar tal infamia. No por el Coronel Plazas, pues
su inocencia ha sido demostrada y se impondrá tarde o temprano. De eso
no hay duda. Las atrocidades judiciales siempre se derrumban. Y el
derrumbe de ésta es una cuestión de tiempo. Reflexionen pues los dos
magistrados, sobre todo por ellos y por el futuro de la justicia
colombiana. Mientras ese bárbaro montaje siga vigente, mientras el
Coronel no sea rehabilitado, la justicia colombiana habrá perdido su
honor y su respetabilidad. ¿Quién podrá afirmar que en Colombia el
poder judicial respeta el Derecho?
