Esta noche nos reúne el ánimo común de rendir homenaje a una personalidad destacadísima, lo expreso por los atributos del homenajeado, pero me veo obligado a precisar que es destacadísima, no porque el doctor Fernando Londoño Hoyos sea una especie extraña al pueblo colombiano, al contrario, es uno de sus más fieles intérpretes.
El reciente atentado costó la vida a dos ciudadanos, de oficio escoltas, sin dobleces, que protegían al dr Londoño. Un conductor de servicio público quedó con severas limitaciones, varios compatriotas de Bogotá fueron heridos, y el país volvió a sentir los explosivos en su capital, con la diferencia de una seguridad democrática en abandono y erosión.
El reciente atentado se proponía privar a Colombia de un periodista que orienta con la convicción y la erudición, insensible a la lisonja, impenetrable a la dádiva, carente de interés por los halagos del poder, orgulloso en la independencia de su proceder y solamente abordable con la fuerza de las ideas. De un luchador sin la frialdad calculada de los desapasionados, pero con la comprometida pasión, la que construye y hace bien, que surge de la tranquilidad por la coherencia entre el pensamiento sobre lo público y la manifestación que se comunica a la ciudadanía. De un jurista de talla superior. Del orador fogoso de la plaza pública y el expositor hilvanado y congruente de la cátedra. Su tono de voz siempre alto, siempre erguida su actitud. Carece de los altibajos que se dan en aquellos que de tanto calcular, tienen que hacer frecuentes altos para volver a barajar, y así salirse de las trampas tendidas por su propia incongruencia.
Se habría comprendido que la reacción gubernamental ante el atentado, además del rechazo, hubiera carecido de precipitud para lanzar imputaciones. Lo que para muchos es inaceptable, es que se habló de mano negra, con la evidente intención de exculpar a los terroristas de la Farc, a propósito de que el crimen no alterara la opinión requerida para avanzar en las negociaciones, que han dejado de ser secretas, no porque haya información oficial, sino porque las delata el debilitamiento de la seguridad.
El día del atentado avanzaba a marcha forzada el Marco para la Paz. En múltiples ocasiones se han expresado los riesgos de impunidad, de abandono a las víctimas y de daño a la democracia al facilitar la elegibilidad política de los criminales. Voces del Gobierno y del Congreso engañan a la opinión ciudadana y también a las Fuerzas Armadas. Dicen en público que Timochenko no será elegible, pero quisieron imponer la elegibilidad del delito de lesa humanidad. Y a pesar de los esfuerzos de Juan Lozano y de Juan Carlos Vélez, todavía, los amigos de tan fatídico camino, preservan la ilusión de incorporar, como conexos con el delito político al narcotráfico y a las graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario, y convertir a sus actores en candidatos de elección.
Nos tiene que preocupar que cuando el país había avanzado en la conciencia colectiva, en la cultura militar y policiva, y en el reconocimiento internacional de que en Colombia no tenemos insurgentes contra la opresión sino narcoterroristas contra la democracia, este Gobierno retrocede, los valida como partes del conflicto y de contera impone frenos a las Fuerzas Armadas para actuar con contundencia contra el crimen organizado como las Bacrim.
Y nos tiene que preocupar, todavía más, que varios colombianos, entre ellos muchos de los aquí presentes, nos hemos ido llenando de desconfianza en el doble discurso de la palabra oficial y de algunos miembros del Congreso. Está bien que haya discrepancia, humano es errar, pero se hace daño irreparable al crear desconfianza.
Hace poco, un columnista, me criticaba porque según él, al publicar yo en una cuenta de twitter las noticias sobre los hechos de violencia, los magnifico y hago daño al país y al Gobierno. Qué equivocado resulta pretender construir imagen a través de ocultar la violencia. Mientras unas distinguidas damas en Popayán nos presentaban angustiadas sus preocupaciones por el recrudecimiento de la violencia, un grupo de amables amigos aquí en Bogotá me decía “ex Presidente es que usted exagera, cálmese”.
No, de manera ninguna, el silencio y la indiferencia del pasado, frente a un rio de sangre en cuyas orillas lloraban desconsolados los deudos de los asesinados, no pueden regresar al hábito colectivo. Inaceptable que maten a nuestros soldados y policías y nada digamos, que el secuestro parcialmente lo sustituyan por la extorsión apoyada en el explosivo y no musitemos palabra, que el decrecimiento de asesinatos en campos y ciudades oculte el control territorial del crimen y nosotros mudos.
La crisis de 2002, que recibe nuestro Gobierno, tuvo entre sus causas el esparcimiento de la violencia durante años, que no se le enfrentó debidamente, con los ciudadanos callados y resignados a esperar acuerdos de paz. Si algo ganó Colombia en los años de la Seguridad Democrática, fue crear una cultura que valora la seguridad, la evolución en el sentimiento colectivo que la veía inalcanzable, a la confianza de que es obtenible. Este valor agregado no puede perderse, por eso hay que oponerse a que se estimule el silencio, por eso debemos contribuir a que los ciudadanos protesten y presenten sus quejas. Con muda resignación a parte ninguna iremos, con vocería y lucha todo podrá llegar.
Pero mientras el Marco para la Paz avanza raudamente, se perdió la posibilidad de tener un fuero militar claro en breve tiempo. De acertarse en la aprobación del proyecto del Congreso, para su vigencia requerirá una ley estatutaria refrendada por la Corte Constitucional, proceso que puede demorar 20 meses. Todavía se culpa a nuestro Gobierno de haberlo debilitado por las medidas que empezaron a tomarse en 2003 para proteger los Derechos Humanos y evitar la acusación falsa a las Fuerzas Armadas. Llama la atención que si el problema reside en el acuerdo de nuestro Gobierno con la Fiscalía, durante estos dos años, no se haya al menos realizado un acuerdo de modificación del alcance interpretativo.
Encuentro muy injusto que cuando una ONG extranjera se opone al Marco para la Paz, el Gobierno la desoye en claro beneficio para la guerrilla. En cambio cuando la oposición es al Fuero Militar, el Gobierno, sumiso, corre a retirarlo, en claro perjuicio para nuestros soldados.
Nos duele que la única luz para tantos militares y policías presos sea la oferta de tratarlos de igual a igual con los criminales, y que los obliguen, en contra de su fuero íntimo, a someterse a sentencia anticipada para evitar mayores, en muchos casos, injustas condenas. Los soldados y policías necesitan soluciones jurídicas. Requerimos que el Congreso, a cuya elección contribuimos y de qué manera, trabaje en una jurisdicción, que podría ser temporal, para abordar los expedientes y revisar sus situaciones jurídicas.
Cómo pretender que haya seguridad si nuestros soldados saben que en el ánimo del Gobierno prevalece la intención del diálogo con el terrorismo y en los criminales la vocación de incrementar la violencia!
Cómo pretender que haya seguridad, cuando los beneficiarios políticos de la Seguridad Democrática, que están en el poder, se han olvidado de los soldados y policías, que la hicieron posible, y que están presos, en muchos casos por evidente injusticia.
Cómo pretender que haya seguridad si el Gobierno muestra más interés en rechazar la denuncia que en combatir el terrorismo.
El deterioro de la seguridad, la brecha que se ahonda entre la palabra del Gobierno y los hechos que padecen los colombianos, hace perder la credibilidad en el Ejecutivo, y arriesga que, en el mediano plazo, se desfigure la confianza y el afecto colectivo a las Fuerzas Armadas y se regrese al pasado de indiferencia y aislamiento civil frente a ellas.
Al recrudecimiento de la inseguridad contribuye la inclinación del Gobierno a considerar la legalización de las drogas ilícitas, en abierta contradicción con el discurso de campaña. Se ha tratado de desconocer el mérito de la Reforma Constitucional de 2009, que al hacer énfasis en la ilegalidad, dispone que el consumidor o adicto no puede ser llevado a la cárcel sino al hospital, que debe adelantarse una campaña permanente y envolvente de prevención y educación, pero, que el distribuidor, de cualquier dosis, debe ser conducido a la cárcel. El Gobierno parece menos solidario con las familias afectadas por el invasivo narcotráfico, y más afín con poses libertarias, que desconocen que las drogas anulan la fuerza de voluntad del individuo, que es la esencia de su libertad, y lo convierten en un riesgo para el prójimo. El tema necesita una gran conciencia de inculcación de valores en las familias y de continuada acción estatal. El discurso legalizador del Gobierno produce desgano en el policía para exponerse al riesgo del combate al narcotraficante.
Veo que también “pertenecen al pasado” acciones que ayudaban a mejorar la seguridad como la organización de 4 millones de ciudadanos informantes, desarmados y apoyados en comunicaciones, los lunes de recompensa y las familias guardabosques.
Debemos preguntar por qué el Gobierno escondió el Convenio de lucha contra el Narcotráfico con los Estados Unidos, cuyas negociaciones condujo nuestro Ministerio de Defensa, en sus inicios con la administración Bush y en la etapa crucial y final con el Presidente Obama. Objetado por el Consejo de Estado por qué este Gobierno no lo presentó al Congreso, para su ratificación, donde ha tenido mayorías que rayan con la unanimidad. E inquieta más sospechar, con fundadas razones, que fue para complacer a algunos vecinos latinoamericanos, descuidados y laxos con el narcotráfico, a los cuales se les tolera acuerdos nucleares con Irán.
Temo que en materia de economía y política social el Gobierno haya recogido una buena cosecha que heredó, se esté gastando incluso las semillas y volvamos a ritmos mediocres de desempeño.
Mucho influyó en la elección del actual Gobierno nuestro reiterado esfuerzo para fijar en el alma de los ciudadanos la necesaria relación entre la Seguridad Democrática, la Confianza Inversionista y la Cohesión Social. Además de las malas señales de inseguridad, hay otras que no pueden desestimarse en el frente económico.
Nuestro Gobierno logró que la tasa de inversión productiva del sector privado, sin la cual no hay empleo, pasara de un 8% del PIB a algo superior al 22%. La presente administración heredó esa tendencia pero parece ignorar sus orígenes. Le quitaron a toda la economía el estímulo a la reinversión de utilidades; si bien el petróleo, el carbón, la minería, la propiedad raíz, la actividad financiera ya no la necesitaban, las otras actividades si. Es un riesgo cambiar de reglas de juego en un país que apenas ha estado apareciendo recientemente en las pantallas de atracción de inversión. Nosotros le cobramos el impuesto de seguridad democrática a los más pudientes pero simultáneamente dimos incentivos a la inversión. Simplemente bajar el impuesto a los grandes patrimonios, como lo han decidido en otros países, es un albur, las sumas que ahorran en pago de tributos, no necesariamente van a inversión. Lo nuestro fue diferente, nuestros apoyos se condicionaron a la efectiva expansión productiva y de servicios, fuentes de empleos de calidad.
Para cobrar impuestos hay que crear inversión que al final del día pueda pagarlos. Por eso sorprende que el Gobierno actual haya sido receptivo a aquellos que menosprecian los estímulos a la inversión y los llaman “gabelas a los ricos”. Y sorprende más ante la evidencia del impacto positivo de los estímulos.
Ahora, en medio de un clima preocupante en la economía mundial, se amenaza con nueva reforma tributaria. Fuera de la intención de desbordar el gasto público y maltratar la inversión, no hay razones para más impuestos. El Gobierno heredó una bonanza de ingresos, el años pasado el recaudo superó los 86 billones, esto sin incluir los impuestos municipales, departamentales, los parafiscales y los pagos del empleador a la seguridad social. Al inicio de nuestro Gobierno la suma estaba por debajo de 30 billones.
Los incentivos a la inversión, no a la gran fortuna, retornan con creces al fisco el aparente costo inicial por incorporarlos. Los estímulos, al cabo de algún tiempo, hacen que el recaudo crezca, en su valor relativo, esto es, como porcentaje del PIB. Suprimirlos simplemente da razones de desconfiar en la seriedad del País.
Y hay otros estímulos, que se crearon apenas hace pocos años, totalmente necesarios como la ley de estabilidad en las reglas tributarias, sometidos a desaceleración o parálisis en su aplicación.
Es frecuente escuchar anuncios y reversas que desorientan y asustan a empresarios y trabajadores. Los anunciantes, por lucirse con una denuncia de corrupción, lanzan el manto de la duda sobre todo un sector de la economía o de los servicios.
Da la sensación que la teoría económica de los académicos que dirigen la política oficial es ajena a los intereses productivos y de empleo.
Nuestra moneda ha continuado revaluada, tema que fue uno de nuestros dolores de cabeza. La diferencia es que nosotros no vacilamos en apoyar a los exportadores para mantener las nóminas de trabajadores. Esos apoyos los suprimieron con el pretexto de acusar a nuestro Gobierno de que eran corruptos. Sería lamentable que a pesar de los tratados de comercio se desacelere el incremento, e incluso se disminuya el volumen de las exportaciones no tradicionales.
La Ley AgroIngresoSeguro fue concebida para apoyar la competitividad nacional e internacional del sector agropecuario, en el marco de los tratados de comercio que incluyen países como los Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea, que subsidian altamente a este sector. La ley ha sido sometida a un profundo descrédito, se le cambia de nombre, y aunque la quieran esconder, su texto y sus bases fundamentales cobran toda la vigencia. El Gobierno se queja de que no estamos preparados para competir, pero paró por largo rato el apoyo al campo, y ahora lo maneja gota a gota y a regañadientes.
Nadie discute el imperativo de destinar el mayor porcentaje de los recursos a los pequeños y medianos productores, así lo hizo nuestro Gobierno, sin embargo, la empresa agropecuaria grande y organizada es necesaria para el mundo actual. Esto último se soporta en muchos argumentos que se resumen en uno: para el año 2030, y 18 años pasan en nada, la población del planeta necesitará un aumento del 50% en la producción de alimentos, con el obstáculo de una reducción de la productividad, que anticipan entre el 15% y el 25%, como efecto del cambio climático. Esta meta no se podrá cumplir en ausencia de grandes empresas agropecuarias.
La empresa Argos tenía un proyecto de 40 mil hectáreas de reforestación en los Montes de María, una alta proporción mediante convenios con campesinos propietarios, quienes preservando plenamente la propiedad de sus tierras, las harían producir a través de este tipo de asociaciones. El proyecto está estancado en 2 mil hectáreas debido al discurso político amenazante. Para conocer la bondad de este tipo de asociaciones, entre empresas serias y pequeños propietarios, basta visitar a María la Baja, en el extremo norte de Montes de María, allí, un viejo proyecto de reforma agraria había dejado las tierras en rastrojos y los campesinos propietarios sin ingresos. Con los instrumentos legales y la voluntad de nuestro Gobierno se obtuvo lo que es hoy un ejemplo económico y social.
El pequeño propietario no alcanza a tener ingresos que le permitan esperar el largo plazo de una cosecha de madera. Por eso, el camino indicado es la alianza estratégica con empresas sólidas y honestas. Incluso, el tema de la caficultura debería revisarse, así como es prioritario que por intermedio de la renovación subsidiada se defienda el ingreso del campesino, también es urgente que Colombia recupere su peso en las exportaciones mundiales del grano, para lo cual se demanda la presencia de la gran empresa como complemento del pequeño cultivo y garantía de cumplimiento con los requerimientos del mercado.
El campo sufre el peligro de una actitud gubernamental con hostilidad demagógica contra la gran empresa y coqueteo, también demagógico, al campesino.
El dr Londoño diariamente presenta sus válidas preocupaciones por la ley de tierras y por la nueva crisis de ingresos que empieza a afectar a los cafeteros. Mucho más útil resulta para la economía y la cohesión social apoyar la remuneración de más de 500 mil familias cafeteras que estar inventando nuevos destinos de gasto público.
Nadie se opone a procedimientos expeditos para devolver la tierra a campesinos desplazados, es una consecuencia esperable de la seguridad democrática. Por eso nuestro Gobierno, gracias al dr Fernando Londoño, entonces Ministro del Interior y de Justicia, introdujo modificaciones a la ley de extinción de dominio, para hacerla más ágil, que se complementaron con la exigencia de entrega de bienes y reparación de víctimas de la ley de Justicia, Paz y Reparación. Creemos que habría bastado un ajuste en el reglamento para responder al clamor de agilizar devoluciones. En la idea fundamental no nos oponemos a la ley, pero es grave para el país que sus cláusulas se constituyan en amenaza para todo empresario del campo, nivelando a la ciudadanía honesta con los criminales. Se necesita el equilibrio entre el derecho del desplazado a recuperar su tierra y el derecho a la defensa del poseedor de buena fe frente a la denuncia temeraria. Que se restituya al campesino pero nunca que se apodere al invasor de tierras como su vocero, ni al antiguo secuestrador, con la careta de columnista, a sueldo del erario público, como el espadachín que injuria y calumnia para tapar desaciertos oficiales. Y si continúa creciendo la inseguridad podríamos regresar a un campo que expulsa empresarios y campesinos, convertido de nuevo en imperio de bandidos.
Muchos que quieren imitar la obra reformista del ex presidente Alfonso López Pumarejo, deberían recordar que su revolución fue armonizar al capital con el trabajo, al empresario del campo con el campesino por la vía de conceder el título de propiedad a la correcta explotación de la tierra. En lugar de estimular conflictos entre unos y otros, resolvió la disputa entre quienes explotaban la tierra y los títulos que les negaban.
Nuestro apoyo resuelto a las gentes del campo nos generó la ilusión que Colombia nunca regresaría, a aquello que da señales de revivirse; los productores agropecuarios en el riesgo de quedar atrapados entre el desafiante discurso agrarista, el apoyo anémico y mínimo a la producción y la amenaza de narco guerrillas y narco bacrim, con nuevos ímpetus de dominar la ruralidad.
Hay sectores de la economía, anunciados como locomotoras, sometidos a la incertidumbre de las licencias. No se entiende que hayan creado nuevas y costosas entidades burocráticas para conocer estas solicitudes y pronunciarse sobre ellas, cuyo resultado ha sido la demora y el burocratismo. Sabemos que hay que proteger páramos, zonas de reserva, nacimientos de agua, etc, donde no puede existir minería, pero nada justifica la parálisis que podría verse en el sector, a sabiendas que la explotación con alta tecnología es la salvación del medio ambiente y la mejor compañía del pequeño minero. Países de todas las orientaciones ideológicas se benefician de la demanda China por estos productos y aquí, embebidos en el debate sin sentido, damos la impresión de querer renunciar a esta fuente de bienestar ciudadano. Mientras se frena la alta tecnología, la ilegalidad destruye cuencas, terrenos, bosques, y paga la cuota extorsiva a criminales de diferente pelaje.
El sindicalismo empresarial fue un buen desarrollo de nuestro Gobierno, ese embrión subsiste a pesar de la indiferencia oficial. Su esencia es la ecuación del empleador con solidaridad y el trabajador con responsabilidad empresarial. Una manera de implementarlo es el contrato colectivo de obra con la organización de los trabajadores, además la prelación que debe concederse a esta para servicios de tercerización. De esto modo, la mera lucha reivindicativa es remplazada por el entendimiento fraterno de largo plazo.
Muchas veces he pensado, que nuestra Patria, que no estaba convertida en un paraíso, iba por buen sendero. Seguramente este Gobierno, que para elegirse se valió del anterior, desestima estos temas porque inicialmente no resultan suficientemente taquilleros en las encuestas, que las prefieren sobre la sólida credibilidad sostenible en el tiempo. Nada diferente se puede pensar al conocer casos de sindicalismo armado ante un Gobierno de regreso a conceptos anacrónicos y de espaldas al horizonte del entendimiento fraterno entre empleadores y trabajadores.
Lo que podríamos llamar el frente social ha estado liderado por la ley de tierras dentro de la ley de víctimas. Nuestro Gobierno introdujo la reparación administrativa de las víctimas y la hizo posible gracias a la Seguridad Democrática que permitió que las víctimas reclamaran. Acatamos las recomendaciones del Ministerio de Defensa de entonces y exigimos que los integrantes de las Fuerzas Armadas no fueran tratados en igualdad de condiciones con los victimarios guerrilleros y paramilitares. Confieso que en mi caso se pierde la fe en el diálogo cuando la única respuesta del Gobierno es que cambió de opinión, y de las mayorías parlamentarias ninguna razón se escucha diferente a la obediencia al ejecutivo, muchas veces por simple clientelismo.
La política social se estanca o se reduce a la par que aumenta la burocracia para manejarla, bajo el argumento equivocado de la reforma administrativa, de confundir eficiencia con gigantismo estatal. Se abandonó el Estado Comunitario, creo que se valieron de él para la elección, pero ni lo valoraron ni le prestaron atención. Han echado para atrás la desburocratización y se desvanece la intensa participación popular. Ojalá se actúe con rapidez para evitar que la salud y cajas de compensación familiar causen amargas noticias de crisis por falta de recursos.
Los gastos de personal, sumados el Gobierno central y los establecimientos públicos, pasaron en billones de pesos, de 15.8 en 2010, a 18.3 en la apropiación inicial de 2012. Variaciones que superan el doble de la inflación.
Se les olvida que en el pasado América Latina vio desaparecer el Estado por obra de sus aparentes antípodas, el neoliberalismo que lo deroga y el social burocratismo que lo arruina.
Estamos de regreso al Estado derrochón con puestos públicos y gastos suntuarios. Y si algo ofende al pueblo, y hiere a la democracia, es la pompa ostentosa del funcionario publico, con recursos del erario, que los ocultan tras las grandes cifras.
El Presidente Alberto Lleras nos dejó la gran lección de que la prudencia en las relaciones internacionales no puede justificar la legitimación de las dictaduras. Un tiempo atrás, el Presidente Eduardo Santos nunca transigió con las dictaduras europeas de los años 40 de siglo XX, abrió las puertas de Colombia a demócratas perseguidos y llegaron intelectuales y científicos que han hecho grandes aportes.
Estamos en desacuerdo que por 800 millones de dólares se legitime una dictadura que da refugio a los terroristas colombianos. Ese dinero se le habría podido prestar al sector privado a largo plazo.
Estamos en desacuerdo en crear la ilusión de que la laxitud con la dictadura traerá beneficios económicos a sabiendas que conduce al pueblo venezolano a la ruina.
Estamos en desacuerdo con hacer creer a los ciudadanos de frontera que ya todo se arregló con la dictadura, pues en cada anochecer hay incertidumbre sobre el nuevo amanecer, porque es el dictador, que por caprichos personales, sin límites institucionales, define si la gasolina cruza o no, o si se restringe o se permite el tránsito de mercancías.
Estamos en desacuerdo con que se considere a la dictadura Chavista como factor de estabilidad de Venezuela y la región.
Estamos en desacuerdo con la apuesta de implorar de la dictadura Chavista el milagro del acuerdo con las narco guerrillas, de las cuales esa dictadura es su cómplice.
Estamos en desacuerdo con consolarnos por el hecho de que las guerrillas también estuvieron en el pasado en Venezuela, el Presidente Carlos Andrés Pérez propició diálogos pedidos y consentidos por nuestros gobiernos, y el Presidente Rafael Caldera expresaba temor, según sus palabras, “de llevarse la guerra a Venezuela”, si optaba por combatirlas. La gran diferencia entre ellos y la dictadura Chavista es que esta última las protege, las legitima, les hace homenajes y las prefiere sobre la democracia colombiana.
Soy consciente que necesitamos acción política, debemos emprender recorridos. Estamos en la lucha y esperamos que nuestros futuros candidatos salten a la arena.
El Congreso no ha querido aceptar que las encuestas se deterioran al descubrir la ciudadanía que la aparente gobernabilidad, ese acuerdo que le permite al Gobierno sacar adelante sus proyectos, es deleznable al basarse en los favores entre titulares de instituciones.
En esta hora de la vida, al tener el cabello cubierto, en las bellas palabras de Gaitán, por la “nieve superior de la existencia”, no hay aspiración de distinciones ni búsqueda de halagos, pero siempre indefectible compromiso con el pueblo.
Sí, soy del pasado, así lo indica la cédula, sin embargo, lo grave es volver al pasado de la frontera con Ecuador retomada por la narco guerrilla, repoblada de coca, con asesinatos de trabajadores, como el de ayer, y la destrucción de equipos e instalaciones, que expulsan la inversión que atrajimos y nos devuelven a aquel pasado anterior al mío, sin esperanza.
Estamos prestos a contribuir a una coalición de convergencia al Puro Centro Democrático, con los ciudadanos y partidos, a participar en la elaboración de la plataforma, a animar precandidaturas y a apoyar a un gran candidato.
En cada momento Colombia, “Primero Colombia”, esos lazos del alma con la Patria, nos imponen franqueza en el comentario, autenticidad en la propuesta y cuidado para evitar la anarquía o la temerosa vacilación.
Un grupo de ciudadanos, que merecen todo el respeto, ha propuesto una Constituyente. La justicia es el centro de gravedad para que opere el consenso sobre lo fundamental del cual hablara Álvaro Gómez Hurtado. El ex Presidente Alfonso López Michelsen, propuso una Constituyente para este tema y la organización territorial regional. La Corte Suprema, que era el juez de constitucionalidad de la época, declaró inexequible la norma que la convocaba. Se han hecho esfuerzos como los de la Constitución de 1991, y los de nuestro Gobierno, orientados a implementar el sistema penal acusatorio, agilizar procedimientos y agregar recursos con la creación del arancel judicial.
No obstante lo anterior, hay materias pendientes que tienen que ver con derechos de las personas, calidad de los titulares, necesidad de talanqueras a la intromisión de la politiquería, procedimientos garantes de prontitud y acierto, prerrogativas de quienes abandonen el crimen y se sometan al juez, etc. Para el futuro de Colombia, estas decisiones deberían ser objeto de un consenso con amplia participación popular. Una Constituyente, limitada en sus atribuciones a reformar la justicia, dedicada a este propósito sin la interferencia de interés diferente, puede ser respuesta al clamor de la hora. Sus promotores deben ser escuchados, también quienes impulsan el referendo. Unos y otros deberían reunirse dado que la justicia es un tema de unidad para que pueda haber pluralismo político. El Gobierno, el Congreso y todos los estamentos que agrupan ciudadanos deberían examinar con sus voceros las dos propuestas y acordar un camino para el País.
Sobre el Congreso puede haber varias propuestas de reforma. En nuestro proyecto de ley de referendo de 2003 se propuso reducirlo en su tamaño y que fuera Unicameral. El Congreso no aceptó el unicameralismo, y al Referendo, la gran cantidad de votos en favor, no le alcanzó, debido a las cédulas de los muertos, de los militares y otros factores que inflaron el censo electoral, ampliamente alegados en la época ante el Consejo Electoral.
Podemos decir que la principal razón del bicameralismo es el control de la segunda cámara a lo aprobado en la inicial. Al estar ambas cooptadas por el ejecutivo y anuladas en su raciocinio, el bicameralismo renuncia a su virtud. La necesaria participación popular, ahora con el dinamismo de las redes sociales, es la mejor vigilancia al Congreso y puede justificar la adopción del sistema Unicameral.
No podemos omitir el enorme daño al Congreso deparado por los auxilios ofrecidos por el ejecutivo, llamados proyectos indicativos y defendidos por el Gobierno como factor integrante del derecho de los congresistas a participar en el gasto público. El mecanismo se presta para manejos turbios y malversación del gasto en un país con escasez de recursos. El Gobierno, que ha pasado de redistribuir regalías a despojar regiones productoras, no tiene problema en permitir que el parlamentario distribuya 4 mil, 5 mil, o más millones de pesos al año.
Que en cada ciudad y pequeño poblado de la Patria se reconstituya la organización política, que integre ciudadanos y organizaciones. Que tome cuerpo nuestra coalición del Puro Centro Democrático, que discuta y estructure una plataforma de seguridad, inversión productiva e incluyente, esto es social, al alcance de los jóvenes y de los sectores populares, acompañada de una permanente revolución educativa, que promueva un ambiente de discusión con credibilidad, que es el supuesto necesario para que florezca cohesión social en un marco pluralista de libertades.
Simplemente quiero ser trabajador de esa lucha. El diálogo permanente que mantengo con los compatriotas, sus angustias e ilusiones, la gratitud con una Nación que me permitió estar en la Presidencia durante ocho años, la responsabilidad frente a los actos de ese Gobierno, la solidaridad con mis compañeros y el compromiso con las nuevas generaciones, son elementos que motivan mi acción.
Cuando escucho la voz firme, el concepto claro y profundo, expresado en la tenacidad del dr Fernando Londoño, confirmo que no hay justificación para la renunciación.
Además, sencillos y espontáneos compatriotas, como una señora de Barraquilla que me grita “Uribe, dale, dale, dale al twitter”, son en parte culpables de nuestra febrilidad por Colombia.
Este es un homenaje a la honradez intelectual, al carácter, a la persistencia sin cálculo del dr Fernando Londoño, y es un homenaje a su familia, a Margarita, a sus hijas, a Fernando, teniente del Ejército. Un homenaje al hogar que ha rodeado con calidez a esa persona que hoy nos congrega, y que es factor de seguridad en el estado de ánimo de la Patria.
